El Parlamento Europeo aprobó el pasado 26 de marzo el Informe Auken, realizado por la diputada de los Verdes europeos Magrete Auken, a petición de la Comisión Europea:
"sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas"
1. España vive una situación de corrupción endémica favorecida por la ineficacia judicial, por la ambigüedad perversa y de la legislación aplicable, y por la generalización de la figura del Agente Urbanizador, utilizada por promotores, funcionarios y políticos corruptos, para el expolio generalizado del suelo.
2. También hace referencia a la responsabilidad de las Administraciones españolas, central, autonómica y local, por la puesta en marcha de «un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias» y añade que existen pruebas de que «las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante el reto... En particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos quienes, por sus acciones, han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos de la UE» pero que, sin embargo, «los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse deforma que compensen a las víctimas de tales abusos» por lo que se ha «reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española».
3. El informe solicita que se «deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador» y que suspendan y revisen «todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario».
4. El informe muestra una preocupación por la ausencia de una transposición correcta de las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE sobre blanqueo de dinero. Lo que ha limitado la transparencia y las acciones judiciales contra la circulación ilegal de capital financiero.
Fuente Original: Informe AUKEN
Fuente de la informacion:
El asesor de bolsa
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